[2012] no pagaré

No pagaré
( [Barcelona, noviembre 2012] )

En el verano de 2012, el gobierno catalán, movido por su afán recaudatorio, implantó una tasa de 1 € por cada receta médica dispensada, que penalizaba especialmente a las personas más débiles de la sociedad.

En caso de negarse al pago de dicha tasa, el enfermo debía rellenar un formulario por cada receta, iniciándose los trámites administrativos por parte de la Generalitat por incumplimiento de obligación tributaria. Muy pocas personas se acogieron a su derecho de objeción al pago.

La tasa fue recurrida y acabó siendo finalmente anulada por los tribunales.

El gobierno catalán ingresó indebidamente cerca de 50 millones de euros. Dadas las trabas burocráticas y la falta de información oficial, es dudoso que vaya a devolverse siquiera una parte sustancial de esa cantidad. El gobierno catalán estimó además en más de 100 millones adicionales el ahorro en gasto farmacéutico por el "efecto disuasorio" de la medida, cuando la realidad es que muchas personas necesitadas se vieron forzadas a renunciar a sus tratamientos por un sobrecoste que no podían asumir.